Acciones contra el turismo en Cuba: Tribunal de EEUU condena a Expedia Group aplicando Título III de Ley Helms-Burton
La compañía de turismo Expedia Group deberá compensar con 29.8 millones de dólares a un ciudadano estadounidense que interpuso una demanda contra esa corporación por el uso indebido de una propiedad confiscada a su familia por el Gobierno cubano.
La decisión fue dictada por una corte federal en la ciudad de Miami en la que se celebró el primer juicio con jurado en esta instancia, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, de acuerdo con un comunicado divulgado en el sitio web de la firma de abogados Rivero Mestre, que representó los intereses del demandante.
El veredicto favorece al cubanoamericano Mario Echevarría, quien reclamó a Expedia Group por obtener beneficios en transacciones relacionadas con una propiedad enclavada en Cayo Coco, que le habría sido expropiada a su familia a través de la Ley de Reforma Agraria de 1959.
El juez federal Federico Moreno estableció que las entidades demandadas, y que forman parte de Expedia, "lucraron ofreciendo reservas a clientes" utilizando sus sitios web para los hoteles Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco, situados en el polo turístico de la cayería al norte de la provincia de Ciego de Ávila.
A su vez, resaltó que "los demandados admiten que no investigaron si esas instalaciones se encontraban en terrenos confiscados", cuestión que dio origen al litigio.
En su comunicado, el bufete legal considera el fallo como "una gran victoria no solo para nuestro cliente, sino también para la comunidad cubanoamericana en general, cuyos bienes fueron confiscados indebidamente" y estaban generando beneficios a empresas estadounidenses en colaboración con el gobierno de la isla.
Expedia Group, una de las mayores plataformas de viaje con sede en Seattle, puede apelar el reciente fallo en una corte superior para revertirlo, como ha sucedido antes con otras demandas radicadas en territorio de Estados Unidos amparadas en la legislación vigente.
Algunas de estas demandas han llegado a la Corte Suprema para una decisión final, como la demanda impuesta a varias compañías de cruceros que utilizaron para sus viajes a Cuba instalaciones del puerto de La Habana confiscadas a sus dueños originales en los primeros años de la Revolución.
Sus herederos impugnaron ante el máximo tribunal la decisión de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta, que dio marcha atrás a un dictamen previo que les obligaba a pagar una multa de 439 millones de dólares.
La base de estas batallas judiciales radica en el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 durante la administración del demócrata Bill Clinton.
La aplicación de dicha disposición quedó desde un inicio suspendida, decisión que mantuvieron desde entonces los diferentes gobiernos estadounidenses hasta 2019, cuando Dolnald Trump dio luz verde a su implementación.
Fuente: On Cuba News